“¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”, decía Cicerón. Y yo me pregunto: ¿cuántas veces se puede permitir que un sistema penal falle a los ciudadanos respetuosos con la ley?
Ayer, una noticia publicada en los medios de comunicación me daba directamente en la línea de flotación. Era ésta: “El pederasta de Lardero había violado al niño antes de asfixiarlo“. Este psicópata cometió esos aberrantes hechos en octubre de 2021. En tan sólo unos minutos había engañado a un menor, que jugaba en un parque y cuyos padres estaban a escasos metros, para que lo acompañara a su casa a ver un cachorro. La Guardia Civil sólo tardo 39 minutos en llegar, encontrando al depredador con el cuerpo del niño sin vida en el portal de la vivienda.
Cometió los hechos mientras estaba disfrutando de su libertad condicional, por violar y matar a una mujer en 1998, un crimen cuya pena le ha sido rebajada hace tan sólo unas semanas como consecuencia de la aplicación del principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables al reo, algo inevitable tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Si esto ya resulta difícil de digerir, preparen sus estómagos: antes de asesinar a la mujer en 1998, ya en 1993 había sido condenado a 7 años de prisión por agresión sexual a una niña de 13 años.
Este siniestro ser, letal para niños, niñas y mujeres, solicitó según publicó EL MUNDO el 28 de octubre de 2022, “permanecer bajo el Artículo 75.2, previsto para los reos que lo piden por sentirse amenazados o inadaptados”.
Según reza artículo, a solicitud del interno o por propia iniciativa, el director del centro penitenciario podrá acordar, mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad física del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta al juez de vigilancia.
Hasta aquí todo legal, salvo que lo que denunciaba EL MUNDO era el privilegio del que estaba disfrutando al haberse alargado extrañamente una medida que siempre es temporal. Al tiempo de publicarse la noticia, llevaba ya un año gozando de esta protección especial.
Desconozco su régimen penitenciario actual, no sé si quiero saberlo. Me da miedo no poder soportarlo, ni como jurista, ni como criminóloga, ni como madre, ni como ciudadana que respeta la ley. Y sólo me pregunto: “¿Hasta cuándo se abusará de nuestra paciencia?”.
